Gabino Martínez Guzmán.
México tiene una democracia ficticia, aparentamos que los poderes políticos son producto de la voluntad de los ciudadanos, cuando en realidad son la elección de la voluntad de un solo hombre o de un puñado de personas. Esto no tendría nada de malo si no fuera por el hecho de que aparentar lo que no somos nos resulta muy caro. La ficción le cuesta al pueblo mucho dinero, el cual podría emplearse para satisfacer las miles de carencias que tenemos.
De 1940 al 2000, el poder lo ejercía una oligarquía, en cuya cúspide estaba el presidente de la República; éste era un rey absoluto por seis años. Debajo del rey estaban los gobernadores, que era una especie de sátrapa sexenal, en su satrapía él era el amo absoluto, su voluntad era ley, y disponía a su antojo de hombres y cosas. Al presidente lo designaba su antecesor, después de cierto sondeo de opinión de las fuerzas económicas, de los patricios del PRI, así como de las fuerzas armadas. Pero el presidente designaba a su sucesor. Los gobernadores los nombraba el presidente de la "República", sin consultar a nadie, él y su conciencia tomaban la decisión para que alguien fuera gobernador; éste a su vez designaba a los diputados locales y a los presidentes municipales. De vez en cuando se colaba alguno por fastidio o por recomendación de los líderes de los sectores que conformaban al PRI. Pero nadie ocupaba un cargo contra el veto del gobernador.
Después del 2000, las cosas cambiaron, dejó de existir el poder absoluto del presidente de la República y se dio una distribución del poder entre gobernadores y los partidos políticos.
Como el presidente de la República es de un partido y varios gobernadores son de diferentes agrupaciones políticas, aquel ya no puede poner y quitar gobernadores a su antojo. Igualmente sucede en los Estados provinciales, el gobernador ya no pone de presidentes municipales a las personas que él quiera. El partido del gobernador puede imponer un candidato, pero el pueblo con su voto puede elegir a otro. Claro, tiene que ser por un amplio margen, pues si la oposición gana con una cantidad de votos muy reducida, corre el riesgo de que las instancias electorales lo despojen del triunfo.
Las instituciones electorales en estos tiempos son extremadamente importantes, si el ejecutivo tiene el control, puede manipular las elecciones. El IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben de ser imparciales. Se deben buscar los mecanismos por medio de los cuales se garantice esa imparcialidad. La forma de designar los elementos de esas instituciones es inadecuado, porque necesariamente algún partido debe imponer el mayor número de los integrantes del IFE o del TEPJF. La elección por el congreso de la unión, a propuesta del ejecutivo, no garantiza la imparcialidad. Una buena medida sería convocar a su integración, fijando los requisitos necesarios, y después de una preselección de 20 elementos, éstos deberán someterse a un proceso de insaculación. Solo así la imparcialidad estaría medianamente garantizada.
En Durango, El Instituto Estatal Electoral también debe someterse a un proceso similar al descrito, pero el Tribunal Electoral del Estado de Durango debe suprimirse, porque la reforma que lo creó, da pauta para que los conflictos electorales los decidan instituciones extrañas al pueblo de Durango. No olvidemos que es la representatividad del pueblo la que está en juego y quien debe decidir, es el pueblo o los delegados del pueblo de Durango, en una especie de elección indirecta.
Los partidos políticos también deben democratizarse e implementar los medios adecuados para evitar que ciertos grupos se empoderen y monopolicen las estructuras de los partidos, pues son ellos los que deciden quienes son los candidatos a los cargos públicos, y así, el poder les da mas poder. Al imponer candidatos a diputados y senadores, éstos ya no representan al pueblo, sino los intereses de un partido, incluso, los intereses de ciertos grupúsculos de parásitos. En estos casos el partido sustituye al pueblo.
Para evitar estas oligarquías internas de los partidos, se deben prohibir las reelecciones de diputados y senadores, con esta medida se les menguaría el poder que dá el poder, hacia el interior de los partidos, con ello se evitaría que los Betos, Gonzalos, Elizondos, Ismaeles , Adanes y los Castro, brinquen de diputados a senadores y a la inversa, y en esta forma eternizándose en los partidos, en detrimento de la democracia.
@gabinomartinezg
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