GOBERNAR CON REALISMO

Por Gabino Martínez Guzmán.

El que quiere gobernar

debe oír y no oír, ver y no ver

Johannes S. Agrícola.

El final depende del principio; y lo que mal empieza mal acaba. Jorge Herrera parecía que iba ser un pelele de Ismael, pero ha tomado dos o tres decisiones que están demostrando que trae cuerda propia. Una de ellas fue la suspensión de algunos elefantes blancos, como la llamada transformadora.

Con ello aumentaron los bonos del gobernador al suprimir esos organismos totalmente inútiles, que fueron creados para ocupar a los amigos y para pagar fidelidades políticas y hasta favores sexuales. Pero todavía hay muchos organismos que son solo un ornato, para aparentar lo que queremos ser, pero que no somos. Para empezar, ahí están el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Electoral del Estado de Durango.

Estos dos organismos no cumplen con las funciones que enuncia su nombre, tan solo sirven para camuflar las decisiones personales y dictatoriales del gobernador en turno. Y para colmo, son organismos que fueron creados por ordenes de las autoridades federales centrales, como si los ciudadanos del pueblo de Durango fuéramos unos menores de edad o unos ignorantes, que necesitamos que los chilangos nos digan que debemos hacer y que no podemos hacer. Claro que esta anormalidad tiene sus orígenes en una servidumbre política de largos años. Cuando el PRI era el partido dominante, del centro se decía lo que se debía hacer, y lo que no debía hacerse. Hasta las cosas más nimias solo se hacían o se dejaban de hacer si el centro lo ordenaba. Si se actuaba sin el visto bueno del D.F., venia el castigo y hasta el ostracismo político. No se analizaba si era justo o injusto, si era bueno o malo, si era aplicable o no a las condiciones concretas de nuestra realidad. Todo se acataba a pie juntillas, y por ello se nos quedó el reflejo como a los perros de Pavlov; O en el mejor de los casos, esa práctica nociva se hizo costumbre.

Antes de las reformas políticas de 1997 funcionaba la Comisión Estatal Electoral, estaba constituida por el Srio. general de Gobierno, tres diputados, un representante de los ayuntamientos, siete representantes del partido mayoritario y dos elementos más del partido que hubiese obtenido el segundo lugar en las votaciones inmediatas anteriores.

Lo que hoy hace el llamado Tribunal Electoral Estatal lo hacía, el Colegio Electoral, el cual lo conformaban una parte de los diputados electorales en las elecciones correspondientes. Estos se constituían en Colegio Electoral y calificaban las elecciones.

Este camino me parece más consecuente con un sistema democrático y con los principios de representatividad popular. Los diputados que habían sido electos, al erigirse en Colegio Electoral actuaban como delegados del pueblo de Durango. Y calificaban la elección y dictaminaban si era legal o ilegal la elección. Este proceder estaba en consonancia con la democracia y la representatividad que implica una elección popular. Estos diputados calificados representaban la voluntad del pueblo, actuaban a nombre del pueblo. Eran los duranguenses que por interpósita persona elegían o dictaminaban una elección, en voz de ellos hablaba el pueblo, porque todo poder proviene del pueblo y se establece para su beneficio. Este proceder está de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Federal y el 27 de la Constitución local.

Pero con la reforma electoral de 1997, se creó el Tribunal Electoral del Estado de Durango, y violando las normas antes referidas, porque al emitir las resoluciones este Tribunal, el quejoso puede interponer un recurso, que el cual es resuelto algunas veces por el TRIFE y otras veces por un Tribunal Colegiado federal. En estas condiciones ya no es el pueblo el que dice quien es gobernador y quien no, ni quien es diputado y quien no, sino que son cinco personas extrañas a Durango quienes son las que nos nombran gobernador o algún diputado, cuya elección se disputan dos personas.

Se puede replicar que así lo dispone la Ley. Pero la Ley no puede estar sobre la Constitución y esta debe estar acorde con los principios fundamentales del federalismo. El Congreso de la Unión no puede ordenarle a los Estados que le otorgue facultades al poder federal. Es al contrario, los Estados provinciales deben decidir si se desprenden de facultades y se las otorgan a los poderes de la unión. El poder nacional o el Congreso de la Unión nada mas debe tener las facultades que los Estados provinciales le otorguen expresamente.

Por ello, los artículos 86 y 87 de la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia federal viola monstruosamente el pacto federal.

En un sistema de gobierno representativo, las autoridades las debe nombrar el pueblo y nadie más. Y el pueblo no son tres letrados duranguenses, ni siete magistrados chilangos. Usted amigo lector aceptaría que equis persona dispusiera de su patrimonio nada más porque trae un poder de disponer que se lo otorgó Pito Pérez. Usted le diría que dispusiera del patrimonio de Pito Pérez pero no del suyo porque usted no le ha otorgado ningún poder o mandato.

Para que simular que tenemos una democracia, cuando en realidad es una sola persona la que sustituye a toda la voluntad del pueblo. Ajustemos las instituciones a la realidad de tal forma que poco a poco tengamos lo que queremos ser o tener. Si no hay alumnos no puede haber escuela, si no hay ciudadanos no puede haber democracia, y en Durango no hay ciudadanos. Si es cierto como dicen que gobernar es rectificar, Herrera Caldera debe desaparecer el Tribunal Electoral del Estado de Durango.